MANIFIESTO POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET

Apoyo como bloguero el MANIFIESTO POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET, y no acepto que el PP intente sacar provecho político de este disparate del gobierno. Un partido que ha mantenido hasta hace poco en el gobierno de una autonomía española a Manuel Fraga, no tiene ningún derecho a proclamar que el gobierno pretende restaurar la censura.  Un partido que el mes pasado en el Parlamento Europeo votó a favor de una normativa que posibilita la restricción de acceso a Internet sin necesidad de autorización judicial, no tiene ningún crédito para defender derechos fundamentales en Internet. Un partido que, cuando gobernó, apoyó la llamada Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que abre la posibilidad a que un órgano administrativo bloquee webs, es tan culpable al menos como el gobierno de que se haya llegado a esta situación.

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia”.

La noticia en El País, de hoy, 4 de diciembre de 2009:

“NO SE CERRARÁ NINGUNA ‘WEB”

Zapatero abre la puerta a una revisión de las medidas contra las páginas que faciliten descargas sin permiso – La oposición culpa al Ejecutivo de querer secuestrar medios

Antonio Fraguas – Madrid – 03/12/2009

Altas temperaturas, ambiente seco y viento huracanado: Internet en España vive en las últimas horas un clima ideal para la propagación, del mundo virtual al real y hasta la primera línea del rifirrafe político, del incendio declarado por la llamada ley antidescargas (la parte del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, LES, consagrada a la lucha contra la piratería en la Red).

Mientras el PP trataba de convertir la rebelión de algunos influyentes internautas en el “pásalo” que mine al Gobierno de Zapatero, el presidente comparecía por la tarde para intentar enfriar las cosas. “Aclararemos lo que haya que aclarar, el Gobierno no va a cerrar ninguna web”, dijo el jefe del Ejecutivo, abriendo así la puerta a una posible revisión de las medidas anunciadas contra las webs que faciliten descargas no autorizadas.

Las declaraciones llegaron poco después de que la Cadena SER informara de tensiones entre el PSOE y el Gobierno por la equívoca redacción del anteproyecto. El texto delega en un órgano administrativo (la llamada Comisión de Propiedad Intelectual) la potestad de bloquear sin autorización judicial páginas web que vulneren los derechos de autor. También la Ministra de Economía, Elena Salgado -muñidora de la LES-, aseguró en TVE que “la orden judicial es necesaria cuando se cierra el acceso a Internet, pero no cuando se suspende”. Ya por la tarde, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, reiteró que el cierre de páginas web será controlado por los jueces, incrementando así el nivel de contradicción que presidió la jornada. Buena parte del ruido mediático causado por esta norma proviene precisamente, de la confusión entre “suspensión” y “cierre”. Para el PP esa “suspensión” equivale “al secuestro gubernativo” de un medio de comunicación.

El anteproyecto modifica la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, de 2002. En esta última se hablaba de que los “órganos competentes” (en la LES sería esa Comisión de Propiedad Intelectual) podrán adoptar “las medidas necesarias para que se interrumpa” el servicio que ofrecen las webs que violen la legalidad.

Entre tanto, el frente abierto en el ciberespacio siguió ayer sumando adeptos y, tras el impacto del Manifiesto por los derechos fundamentales en Internet, se anuncian para esta tarde a las ocho concentraciones en Madrid y una decena de capitales de provincia.

La reunión de urgencia celebrada ayer entre la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y el grupo de internautas, la mayoría de los cuales han suscrito el citado manifiesto, hizo explícito el desencuentro entre sectores mayoritarios de la Red y el Ejecutivo, algo que no ha sentado bien en las filas socialistas.

Frente a la ministra, y contando todo lo que pasaba en la reunión a través de sus cuentas de mensajería pública Twitter, los convocados exigieron la modificación del anteproyecto. El Gobierno, ya en esa reunión, recordó que al borrador le aguardan todavía las matizaciones que acarree el trámite parlamentario y el reglamento de desarrollo.

“Se está produciendo una revolución contra el Gobierno y esa revolución hay que escucharla como si estuviera sucediendo en la calle”. Con estas palabras se subía a la ola de protestas, pasado el mediodía, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Para el PP este borrador supone “restaurar la censura”. González Pons ha reclamado que, dado que el anteproyecto equivale a su juicio a una restricción de derechos fundamentales, esas modificaciones legales “deben realizarse mediante una Ley Orgánica”.

Según el dirigente del PP, la solución es más tecnológica que legislativa: “tiene que ver más con desarrollos tecnológicos capaces de acostumbrarnos al pago en Internet que con medidas restrictivas”.

Sin embargo, el mes pasado el Grupo Popular en el Parlamento Europeo -incluidos los diputados españoles- votó a favor de una normativa que posibilita la restricción de acceso a Internet sin necesidad de autorización judicial. “Que se apruebe eso no significa que en España se pueda excluir la autorización judicial, porque está en la Constitución”, declaró anoche a EL PAÍS González Pons en conversación telefónica.

El PP, bajo un Gobierno de Aznar, también apoyó en 2002 la llamada Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que abre la posibilidad a que un órgano administrativo bloquee webs. “Sí, pero lo que hay ahí son temas de delincuencia muy graves, no equiparables a la violación de la propiedad intelectual”, afirmó González Pons.

El Partido Popular ha convocado a varios internautas y expertos en nuevas tecnologías para el miércoles que viene con el fin de buscar nuevas aportaciones sobre la cuestión 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/cerrara/web/elpepucul/20091203elpepucul_4/Tes

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